Desde el 9 de enero de 2026, México puso en marcha un ambicioso —y polémico— registro obligatorio de líneas celulares, exigiendo que cada número esté vinculado a una identidad verificada mediante CURP (o pasaporte para extranjeros) y una identificación oficial con fotografía. La fecha límite para hacerlo es el 30 de junio de 2026, y las líneas no registradas serán suspendidas a partir del 1 de julio.

El objetivo declarado por el gobierno federal es combatir delitos que tradicionalmente han aprovechado líneas anónimas: extorsión, fraude telefónico y secuestro virtual. Las autoridades sostienen que al asociar cada número con un usuario real se dificulta el uso de celulares anónimos para cometer crímenes.

Pero la realidad ha generado gran controversia. El proceso ha enfrentado fallas técnicas y vulnerabilidades desde su arranque, con errores en las plataformas de empresas como Telcel y quejas de usuarios que batallan para completar el registro. Más preocupante aún: organizaciones como R3D en Defensa de los Derechos Digitales han alertado sobre exposición de datos personales y riesgos de seguridad, precisamente en un sistema que ata datos sensibles a millones de personas.

Apenas esta semana, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó la apertura de investigaciones por posibles filtraciones de datos personales durante el registro obligatorio, lo que arroja luz sobre lo que muchos usuarios temen: que este cruce de datos acabe, paradójicamente, en manos equivocadas.

¿Qué ha pasado en otros países?

La cuestión de registrar teléfonos o SIM cards con identificación no es exclusiva de México. En Brasil, por ejemplo, existe desde hace años la obligación de vincular las tarjetas SIM a un CPF (su equivalente al número fiscal) —aunque en la práctica suele complicar la activación de nuevas líneas, especialmente para turistas y extranjeros debido a fallas de implementación operativa.

Además, Brasil ha impulsado iniciativas como el programa “Celular Seguro”, no para asociar números a identidades civiles, sino para bloquear teléfonos robados por IMEI, lo que ha ayudado a desincentivar el mercado negro de aparatos hurtados al hacerlos inoperables en redes móviles.

Sin embargo, estudios comparativos sobre la efectividad de registros obligatorios de SIM o celulares —incluyendo análisis de SIM registration laws en diversas naciones— sugieren que no hay evidencia sólida de que este tipo de obligaciones por sí solas reduzcan los crímenes que pretenden combatir. En muchos casos, los beneficios en trazabilidad se compensan con riesgos a la privacidad, surgimiento de mercados paralelos de tarjetas registradas y dificultades técnicas para implementarlos correctamente.

Riesgos y preocupaciones ciudadanas

Los críticos señalan varios puntos delicados:

• Centralizar datos personales bajo plataformas nuevas o poco probadas puede ser un blanco atractivo para ciberdelincuentes o fugas masivas de información.

• Las fallas en la validación de identidad han permitido incluso intentos de registro con datos de personas famosas compartidos en redes, lo que ilustra vulnerabilidades reales del sistema.

• Activistas y defensores de derechos digitales alertan que, si no se establecen controles transparentes de acceso y uso de los datos, la medida puede convertirse en un mecanismo de vigilancia generalizada sin suficientes garantías jurídicas o judiciales.

¿Qué deben hacer los ciudadanos?

Si eres usuario de telefonía móvil en México y quieres proteger tus datos y garantizar que tu línea se mantenga operativa, considera lo siguiente:

1. Registra tu línea antes del 30 de junio de 2026 con tu CURP y una identificación oficial.

2. Verifica en los portales de tu operador y la CRT que tus números estén correctamente asociados. Algunos operadores habilitarán herramientas de consulta del padrón para confirmarlo.

3. En caso de errores o sospechas de uso indebido de tus datos, contacta inmediatamente a la empresa telefónica y, si lo consideras, a las autoridades de protección de datos personales.

4. Mantente informado sobre los avances de las investigaciones sobre filtraciones de datos y exige transparencia en cómo se protege la información recolectada.

El debate sigue

En suma, la intención de reducir la criminalidad mediante la identificación de números celulares no está exenta de lógica, pero su eficacia práctica y los riesgos para la privacidad siguen siendo temas de debate. La experiencia comparada —como la de Brasil y otras naciones— muestra que medidas similares no siempre cumplen sus promesas de seguridad si no están acompañadas de infraestructura tecnológica robusta, garantías de protección de datos y marcos legales que limiten el acceso y uso de esa información.

El desafío para México será encontrar ese equilibrio: seguridad sin sacrificar la privacidad ni exponer la información de millones de ciudadanos al mercado negro o a usos indebidos. El tiempo —y el escrutinio público— dirán si esta apuesta fue un acierto o un riesgo mal calculado.