España remitió a la plataforma de alquiler tres resoluciones en las que se notifica la detección de más de 65 mil anuncios ilícitos

Por: EFE

La asociación de consumidores españoles Facua, confió que la decisión derive en una sanción contundente contra Airbnb, pues afirma que sus prácticas suponen un perjuicio para los consumidores. EFE / B. Sánchez-Trillo

En medio de la crisis inmobiliaria en España, que ha provocado movilizaciones y protestas por parte de las y los ciudadanos de Barcelona y Madrid, la proliferación de pisos turísticos en aquel país ha llevado a varias ciudades a prohibir la concesión de nuevas licencias.

En los últimos tres meses, el gobierno de España, desde el ministerio de Consumo, remitió a la plataforma de alquiler tres resoluciones en las que se notifica la detección de 65 mil 935 anuncios ilícitos que no incorporan el número de licencia o registro, que no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores o que presentan número de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades.

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Por lo anterior, el gobierno español instó a la dependencia de la multinacional en Irlanda a bloquear esa publicidad, que anuncia viviendas que se encuentran en regiones españolas con gran presión turística como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, las islas mediterráneas de Baleares y el País Vasco.

El día de hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció sobre una de las resoluciones del ministerio de Consumo e instó a la empresa a eliminar de su plataforma una primera tanda de 5 mil 800 anuncios que incumplen la legislación, con lo que respalda la iniciativa del gobierno del país europeo.

Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, celebró la resolución en favor de su dependencia en pro de la defensa del derecho a la vivienda que supone la resolución judicial, algo que, según dijo, demuestra "que se puede conseguir que ningún interés económico prime sobre el derecho a la vivienda".

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Por su parte, un portavoz de Airbnb se mostró "en desacuerdo" con las normativas de Europa sobre viviendas turísticas; declaró que el ministerio español "no es competente" para hacer cumplir las regulaciones en materias de estos alojamientos.

La asociación de consumidores españoles (Facua), confió que la decisión derive en una sanción contundente contra Airbnb, ya que sus prácticas, según afirma, suponen un perjuicio para los consumidores, al tratarse de inmuebles que no están sometidos a ningún control para garantizar que cumplen las condiciones mínimas de garantía que exige la legislación.

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