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Como parte de la Estrategia Antiextorsión, la Fiscalía General del Estado, bajo la directriz de la Fiscal General, Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, obtuvo la vinculación a proceso de Juan Carlos “N”, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión, derivado de una investigación en la que se documentaron amenazas y exigencias económicas en perjuicio de una víctima.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución Penal del Delito de Extorsión y los Delitos Vinculados. De acuerdo con los datos de prueba recabados, los hechos ocurrieron los días 20 y 21 de junio de 2026, cuando el imputado presuntamente utilizó la aplicación de mensajería WhatsApp para exigir a la víctima pagos periódicos de dinero, bajo amenazas de causar daños a sus bienes y a uno de sus familiares.
El 20 de junio, el imputado habría exigido el pago de seis mil pesos mensuales y acompañado sus amenazas con la fotografía de un inmueble relacionado con la víctima. Al día siguiente, presuntamente reiteró la exigencia, esta vez por cinco mil pesos, advirtiendo que, de no realizarse el depósito, causarían daños a sus bienes y a un familiar. Posteriormente, habría intentado establecer comunicación mediante una llamada de voz a través de la misma aplicación.
Como resultado de las labores de investigación y en cumplimiento de una orden de aprehensión, agentes estatales de investigación adscritos a la Unidad Especializada obtuvieron información que permitió ubicar al imputado en Cuernavaca, Morelos. Por tal motivo, se trasladaron a dicha entidad y, con la colaboración de autoridades locales, concretaron su captura.
Durante la audiencia, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra Juan Carlos “N”, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de combatir frontalmente la extorsión, fortalecer las investigaciones y actuar con firmeza para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la tranquilidad y el patrimonio de las familias bajacalifornianas.
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