Ciudad de México. La medida, respaldada también por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer el combate al lavado de dinero y al financiamiento del crimen organizado. Sin embargo, especialistas advierten que podría representar uno de los mayores riesgos recientes para el Estado de derecho en México.

Qué cambia con esta medida?

Hasta ahora, el congelamiento de cuentas requería en muchos casos la intervención de un juez o incluso solicitudes de autoridades extranjeras.

Con el nuevo criterio:

• La UIF puede bloquear cuentas de forma inmediata.
• No se requiere autorización judicial previa.
• El ciudadano deberá defenderse después de que su dinero haya sido inmovilizado.

La Corte argumentó que se trata de una medida cautelar administrativa, no de una sanción penal, lo que permite su aplicación sin control judicial previo.

 Expertos advierten: “puedes quedarte sin un solo peso”

El impacto práctico de esta medida ha encendido alertas entre abogados y analistas.

Un especialista citado en medios nacionales lo resume así:

“Te congelan las cuentas y no puedes disponer de un solo peso”

El problema no es menor. Según expertos:

• Una persona puede quedarse sin acceso a su dinero por meses o incluso años mientras se resuelve su caso.
• Ya no es posible obtener una suspensión inmediata para usar los recursos durante el juicio.

Esto significa, en la práctica, que alguien podría:

• no poder pagar renta o hipoteca,
• perder su negocio,
• o enfrentar una crisis económica personal sin haber sido declarado culpable.

Diversos especialistas coinciden en que la medida rompe principios fundamentales del sistema jurídico:

 Presunción de inocencia en riesgo

El congelamiento se basa en sospechas, no en una sentencia.
Esto implica que una persona puede ser afectada antes de probarse su culpabilidad.

“Convierte una simple sospecha en castigo inmediato”

 Falta de control judicial previo

Tradicionalmente, afectar el patrimonio de una persona requería autorización de un juez.
Ahora, ese control ocurre después del daño, no antes.

 Discrecionalidad de la autoridad

Expertos advierten que no existen parámetros claros sobre qué constituye un “indicio suficiente”.

Esto abre la puerta a decisiones basadas en criterios amplios o poco transparentes.

 Riesgo de uso político

Analistas han señalado que esta facultad podría utilizarse como herramienta de presión.

Puede convertirse en “un arma de discrecionalidad” del poder público

Escenarios posibles que preocupan

Error o coincidencia financiera

Una transferencia inusual o relación indirecta con una persona investigada podría ser suficiente para activar el bloqueo.

 Resultado: cuentas congeladas sin explicación inmediata.

Afectación a empresas

Una empresa puede perder liquidez de un día a otro.

 Resultado: imposibilidad de pagar nómina, proveedores o impuestos.

Proceso largo sin acceso a recursos

Aunque el afectado sea inocente, el juicio puede durar meses o años.

 Resultado: daño económico irreversible.

Desde el Ejecutivo, la medida ha sido defendida como una herramienta clave contra el crimen organizado.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el objetivo es seguir la ruta del dinero ilícito y evitar que recursos de origen criminal sigan circulando.

Además, el gobierno sostiene que existen mecanismos legales para impugnar el congelamiento.

El dilema: seguridad vs derechos

El debate de fondo es claro:

 ¿hasta qué punto puede el Estado actuar con rapidez para combatir delitos sin afectar derechos fundamentales?

Especialistas coinciden en que el problema no es combatir el lavado de dinero, sino cómo se hace.

El riesgo es que, en nombre de la seguridad:

• se debilite la certeza jurídica,
• se afecte el patrimonio sin garantías,
• y se coloque a cualquier ciudadano en una situación de vulnerabilidad.

 Conclusión

La nueva facultad de la UIF marca un punto de inflexión en México.

Por un lado, fortalece la capacidad del Estado para actuar contra el crimen financiero.
Por otro, plantea riesgos reales para millones de ciudadanos que podrían verse afectados por una simple sospecha.

En un país donde la confianza en las instituciones es clave, el verdadero reto será encontrar el equilibrio:

combatir el delito sin debilitar los derechos.

Porque en el Estado de derecho, no solo importa castigar al culpable…
sino también proteger al inocente.

Karen Anderson