Denuncia Colegio de Abogados de Ensenada Reforma Constitucional

Denuncia Colegio de Abogados de Ensenada Reforma Constitucional

El Colegio de Abogados de Ensenada, A.C., se manifestó rotundamente en contra de la Iniciativa de Reforma a la Constitución del Estado de Baja California, presentada por el Gobernador, el secretario general de Gobierno y el diputado Juan Manuel Molina, con la que pretenden desaparecer el Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) y eliminar los procesos de selección de magistrados sustituyéndolos por una terna presentada por el titular del ejecutivo.

El presidente del Colegio, Juan Antonio Sánchez Zertuche y López, dijo que la iniciativa presentada mediante oficio número de oficio SGG/BC/78/2020, atenta en contra del estado de derecho y equilibrio de poderes y desestima la participación del gremio jurídico en la toma de decisiones en un tema que les compete y afecta directamente.

Sánchez Zertuche y López, explicó que el CJE se encarga de la evaluación de aspirantes a magistrados, de la designación y ratificación de jueces, de vigilar el actuar y dar trámite a las denuncias y sanciones internas de los mismos, entre otras, con la intención de que los magistrados se enfoquen única y exclusivamente en atender los temas jurisdiccionales.

Este órgano también es responsable de la administración del personal y recursos materiales del Poder Judicial del Estado (PJE).

En dicha iniciativa se acusa tendenciosamente al CJE, de ser responsable de todas las carencias financieras del PJE, culpándolo del retraso en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), paralización de proyectos, déficit presupuestario del SEMEFO, señaló el presidente del Colegio de Abogados de Ensenada, A.C.

Lo anterior, aclaró, carece de fundamentos, ya que la responsabilidad presupuestal recae totalmente en el Poder Legislativo, que en los últimos nueve años no ha incrementado en términos reales el presupuesto del Poder Judicial, más que aumentos para compensar la inflación.

Sánchez Zertuche y López dijo que si bien es cierto que el CJE tiene algunos vicios operativos que es importante corregir, lo cierto es que dicha iniciativa no establece nada sobre los recursos que se ahorrarían en el caso que eliminaran el CJE, ni hay estudios o análisis que lo sustenten e incluso, que se deben de llevar a cabo para determinar los beneficios financieros que representaría desaparecer dicho órgano.

VUELTA A VIEJOS VICIOS

Gobierno y legisladores también pretenden eliminar los procesos de selección de magistrados sustituyéndolos por una terna presentada por el Gobernador, situación que representa un vicio del pasado que representa una invasión de poderes, señaló el dirigente de los abogados de Ensenada.

“Consideramos como un grave retroceso cambiar el proceso de selección de magistrados planteado por dicha iniciativa, toda vez que, en lugar de llevar a cabo entrevistas, exámenes orales y escritos a los aspirantes -actualmente realizado por el CJE- se pretende que el Gobernador envíe una terna al Congreso para que éste designe Magistrado por mayoría calificada, prestándose a nombrar por dedazo y no por evaluación”, denunció el litigante.

Juan Antonio Sánchez Zertuche y López reconoció, que, si bien es cierto que el proceso de selección de magistrados tiene sus vicios, éste puede perfeccionarse abriendo la oportunidad a la academia, colegios y barras de abogados, para abrir el espacio de análisis, definir nuevos criterios de evaluación, entre otros.

La iniciativa de reforma presentada y firmada por el Poder Ejecutivo y un representante del Poder Legislativo, representa una grave intromisión entre poderes que afecta directamente a la administración de justicia y, por lo tanto, la esfera jurídica del Poder Judicial del Estado, reiteró el presidente del Colegio de Abogados de Ensenada.

“Ahora que la iniciativa se encuentra en la etapa de análisis en el Congreso del Estado, exigimos respetuosamente a los Diputados de la XXIII Legislatura, pero sobre todo a los representantes del Poder Judicial del Estado, a que defiendan su autonomía y sobre todo protejan por los intereses de la administración de justicia en el Estado, beneficiando en última instancia, a los ciudadanos”, enfatizó el profesional del derecho.