La toga vuelve al Parlamento italiano

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Italia cambió de rumbo el 17 de febrero de 1992. El fiscal Antonio di Pietro, un hombre del sur con una biografía de perpetua aventura obrera relativamente anónimo en Milán, lideró un equipo de magistrados que puso patas arriba la política italiana. Ese día ordenó el arresto del socialista Mario Chiesa, primera piedra de un histórico proceso contra la corrupción bautizado como Mani pulite (manos limpias) que encontró uno de sus puntos álgidos en la imputación del ex primer ministro y líder del Partido Socialista Italiano (PSI), Bettino Craxi. Su salida del hotel romano Raphael mientras la gente le lanzaba monedas inauguró el cambio de orden bautizado como Segunda República. Desde entonces, la política y la justicia italiana se han citado cada cierto tiempo en los ángulos ciegos de la separación de poderes para resolver sus cuitas a cuchilladas. Craxi, Giulio Andreotti, Silvio Berlusconi o Matteo Renzi, con mayor o menor motivo, lo conocen bien. El último en descubrirlo ha sido Matteo Salvini, exministro del Interior y líder de un partido que nació, como casi todos los fenómenos políticos actuales en Italia, al calor de Mani pulite.

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